¿Por qué se inmoviliza el aceite de oliva español mientras siguen entrando importaciones?
El sector oleícola se enfrenta a una situación que merece una reflexión profunda. El Gobierno ha establecido la retirada obligatoria del 12% de la producción de aceite de oliva de la campaña 2026/2027, lo que supone aproximadamente 188.000 toneladas que deberán permanecer almacenadas hasta septiembre de 2027.
La medida pretende regular la oferta y evitar un desplome de los precios en origen ante las previsiones de una campaña de elevada producción. Sin embargo, plantea una pregunta importante: ¿se están teniendo en cuenta todos los factores que influyen en el mercado?
El esfuerzo vuelve a recaer sobre las almazaras:
La obligación afecta a todas las almazaras españolas, que deberán inmovilizar parte de su producción, independientemente de la categoría de aceite. Esto supone mantener producto almacenado, asumir costes y tener recursos económicos inmovilizados durante meses.
Detrás de cada litro de AOVE hay agricultores, inversiones, empleo, instalaciones y un enorme esfuerzo por mantener unos estándares de calidad cada vez más exigentes.
Las importaciones, otra cuestión pendiente:
Mientras se limita la comercialización de parte de nuestra producción, continúan vigentes los mecanismos que permiten la entrada de aceite procedente de terceros países, especialmente de Túnez.
La Unión Europea mantiene un contingente de 57.700 toneladas anuales de aceite tunecino con condiciones arancelarias preferenciales. Además, preocupa el volumen de importaciones acogidas al régimen de perfeccionamiento activo: según datos de la Junta de Andalucía, representaron el 76,3 % de las importaciones tunecinas entre enero y abril de 2026.
Este régimen está sujeto a obligaciones de transformación y reexportación, por lo que no todo ese aceite puede destinarse libremente al mercado europeo. Precisamente por ello, resulta fundamental garantizar la transparencia y el control de estas operaciones.
La Junta de Andalucía ya ha solicitado medidas para evitar posibles distorsiones del mercado.
¿Competencia en igualdad de condiciones?
No se trata de rechazar el comercio internacional ni de cuestionar la calidad del aceite producido en otros países. Se trata de exigir condiciones de competencia equilibradas. Nuestros agricultores y almazaras deben cumplir exigentes requisitos laborales, medioambientales, sanitarios y de trazabilidad, soportando además unos costes de producción cada vez mayores.
Por eso, resulta legítimo preguntarse si es coherente obligar a inmovilizar producción nacional sin abordar de forma conjunta el impacto de las importaciones y las existencias disponibles.
La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de los posibles efectos de estas medidas sobre la competencia, los precios y los consumidores.
Defender el aceite español es defender a quienes lo producen:
El sector oleícola necesita estabilidad, pero también reglas coherentes y decisiones que tengan en cuenta la realidad de agricultores y almazaras.
No podemos pedir a nuestros productores que sigan invirtiendo, apostando por la calidad y cumpliendo cada vez más exigencias mientras las soluciones a los desequilibrios del mercado terminan trasladando parte del coste directamente a quienes producen.
No se trata de cerrar fronteras. Se trata de exigir transparencia, controles efectivos y condiciones de competencia justas.
Desde Fábrica de Aceites Morales creemos que defender el aceite de oliva español significa, ante todo, defender a las personas y empresas que hacen posible que llegue a nuestras mesas.
